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13 jun 2018

Rectora de la UPSE socializó informe y resolución emitidos por el CES


La Ph.D Margarita Lamas, Rectora de la Universidad Estatal Península de Santa Elena - UPSE, convocó a sesión de trabajo al personal administrativo de la institución, a quienes informó sobre el estado financiero en que se recibió la administración del Alma Mater peninsular, informe que fue facilitado por la directora financiera Lorena Reyes Tomalá.


La primer autoridad universitaria, se refirió a la recategorización docente, el proceso de compraventa del edificio de la Universidad Tecnológica Equinoccial - UTE Campus Salinas, además comunicó sobre la resolución que emitió el Pleno del Consejo de Educación Superior CES, respecto al “Informe sobre la situación referente al cargo de rector de la UPSE (…)”.

Dicho informe, basado en la agenda de trabajo in situ, que realizó el Consejo de Educación Superior - CES, Carmita Álvarez, los días 7 y 8 del mes de mayo, concluye (pág. 50) que “En  la  Resolución  Nro.  36301  de  01  de  diciembre  de  2017,  expedida  por  la  Contraloría General  del  Estado, se  impuso al  doctor Johnny Chavarría  como  sanción,  la multa  de  siete mil  trescientos  veinte  con  00/100  dólares  de  los  Estados  Unidos  de  América  (USO . 7.320,00)  y  la  destitución de  su  cargo como  rector  de  la UPSE.

Hecho que motivó, que se indique en el referido informe que “La  sanciones  de  destitución  o  de  multa  impuestas,  conforme  el  artículo  48  de  la  Ley Orgánica  de  la  Contraloría  General  del  Estado,  serán  ejecutadas  por  la  autoridad nominadora de  la  institución del  Estado,  sin  embargo acorde  al  artículo 82  del  Estatuto de la  UPSE en  caso  de  ausencia  definitiva  del  rector, la  vicerrectora  académica  asumirá  el rectorado por el  tiempo que  faltare de completar el periodo”.

Es así que el CES, mediante resolución RPC-SO-20-No.300-2018, resolvió “Exhortar al Órgano Colegiado  Académico Superior de la UPSE, el cumplimiento  de las disposiciones  emitidas  por la Contraloría  General  del Estado  y requerir  que  se adopten  las medidas necesarias  a fin de  que las actividades  académicas  y administrativas  de  la referida  universidad continúen  desarrollándose con  normalidad,  en el marco  del  respeto  a las  normas  y a los derechos  de la comunidad universitaria”.

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